¿Sabías que en México existen restricciones al pago en efectivo? Estas aplican a ciertas actividades consideradas como vulnerables al delito de lavado de dinero. Es importante conocerlas y respetarlas: las consecuencias de no hacerlo van de lo severo a lo catastrófico. Aquí te las explicamos.
El lavado de dinero es algo que todo mundo ha oído -y que en estos ultimos años se ha popularizado bastante: desde estudios extensos y académicos hasta series de televisión. Se trata de un problema que ha ido en aumento a nivel internacional. Pero ¿qué es exactamente el lavado de dinero?
Existen multiples definiciones de este término, pero nos centraremos exlusivamente en dos y al final propondremos una definición sintética. La primera es la del Grupo de Acción Financiera, el organismo internacional líder en temas de PLD/FT y define al lavado de dinero de la siguiente forma:
Lo que debe observarse de la amplia definición del GAFI es que el delito de lavado de dinero NO ES UNA CONDUCTA ÚNICA, sino que se trata de multiples conductas que pueden encuadrarse en el tipo penal, es decir, que hay muchas formas de cometer el mismo delito.
Luego tenemos la definición (tipificación) de este delito en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el cual establece lo siguiente:
Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
De este 400 Bis debemos remarcar dos cosas:
Este ultimo detalle, el “conocimiento” de la ilicitud del bien, es de suma importancia, pero antes de analizarlo hay que saber exactamente qué es un “bien de procedencia ilícita”. La Ley lo establece con gran claridad en el segundo párrafo del 400 Bis:
[…] se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
El “conocimiento” sobre la ilicitud del bien es determinante: el GAFI recomendó a los países miembros que para perseguir el delito de lavado de dinero, era necesario “probar” que el imputado (acusado) tuviera conocimiento de que el bien era ilícito. Sin embargo, a la hora de tipoficarlo en México, el legislador optó por una tipificación en donde la carga de la prueba se trasladará al acusado. Esto se aprecia en la parte final de ese sergundo párrafo del 400 Bis en donde establece que es ilícito si “no puede acreditarse su legítima procedencia”. Luego entonces, como es obvio de la redacción misma, todos los bienes, derechos o recursos de los que no pueda probarse su lícita procendencia, son ilícitos. Este es un punto clave, determinante, que muchas veces se pasa por alto, pero que podría hacer toda la diferencia y al que volveremos al final de este artículo.
De estas dos definiciones, nosotros optamos por una aproximación más sintética para el término, al cual definimos de la siguiente forma:
El lavado de dinero es un delito que consiste en operar, de cualquier forma, recursos de procedencia ilícita, con el objeto de ocultar su orígen.
Por último, un mito recurrente en este tema, consiste en creer que el “dueño” o “propietario” de los recursos ilícitos es el único que puede cometer el delito, pero como ya observamos de la redacción del artículo 400 Bis, el delito se puede aplicar a cualquier persona que opere dichos recursos cuando “sepa que son de origen ilícito” o cuando “no pueda probar que es de origén licito”.
Y en este punto siempre nos preguntan: ¿y si no se sabe o no hay forma de saber si los bienes son lícitos? La respuesta es sencilla: todas las personas y entidades sujetas al regimen PLD/FT tienen la OBLIGACIÓN de identificar al propietario o beneficiario real y de conocer el orígen del recurso, ANTES de comenzar la relación comercial.
Conclusión
Es en este punto, donde comprendemos la relevancia del tema y nos damos cuenta de que no se trata de un asunto menor. El no cumplir adecuadamente con el regimen de PLD/FT puede traer consecuencias de malas a desastrosas, desde multas millonarias hasta pena privativa de la libertad (carcel) y extinción de dominio.
Entender por completo las implicaciones de este tema es de vital importancia y, aunque se trata de un área novedosa, sumamente amplia y compleja, es importante recordar los sigueinte puntos, sobre los que se basa toda la estructura de PLD/FT:
La mejor forma de disminuir el riesgo, es cumpliendo.
Si tienes dudas al respecto de este tema, escríbenos o preguntanos directamente en nuestras redes sociales.
[FDBS1]Link a articulo de Beneficiario real, propietario Real.